Ley para la Atención Integral del Cáncer en Guatemala: claves y estado actual La Ley de Atención Integral del Cáncer (Decreto 7-2024) está vigente desde el 2 de abril de 2024 y establece un andamiaje nacional para prevención, detección temprana, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, bajo principios como gratuidad, calidad y cobertura. ¿Qué crea la ley?

• Dirección Nacional de Atención Integral del Cáncer (MSPAS): diseña políticas, normas y protocolos; coordina el Registro Nacional del Cáncer y el Consejo Nacional contra el Cáncer. La notificación al Registro es obligatoria para profesionales y entidades del sector salud.
• Comité Nacional de Farmacoterapia contra el Cáncer: define el listado básico de medicamentos y tecnologíasy criterios de acceso con base en evidencia.
• Red de servicios y telemedicina, Centro Nacional de Información sobre Cáncer y el primer Hospital Especializado contra el Cáncer (con unidad de radioterapia).
• Derechos y medidas sociales

• Un día al año de licencia con goce de sueldo para exámenes de prevención y detección temprana.
• Exenciones de IVA y aranceles para donaciones y compras públicas de medicamentos, insumos y equipo oncológico.

Financiamiento

• Aporte inicial de Q600 millones para capacidades, equipamiento, medicamentos e infraestructura; además, se crea un programa presupuestario específico y se protege la sostenibilidad del financiamiento en años siguientes.

Implementación: avances y retos (2024–2025) Aunque la ley fijó que su reglamento debía emitirse dentro de los seis meses posteriores a su vigencia, hubo atrasos durante 2024–2025; también se reportó baja ejecución inicial del presupuesto y que el hospital especializado está en fase de estudios de factibilidad y planificación. En síntesis: el Decreto 7-2024 marca un cambio estructural al ordenar un sistema integral, con nuevas instituciones, datos obligatorios y financiamiento protegido. El desafío inmediato es consolidar el reglamento, ejecutar recursos y operar la red oncológica —incluido el hospital— para que los principios de gratuidad y calidad se traduzcan plenamente en servicios para la población.